En el momento de iniciar el trámite parlamentario de convalidación del Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda; la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i provincia, l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida y el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida quieren manifestar su preocupación por el hecho que durante el proceso de redacción y tramitación del decreto no se nos ha pedido ni la colaboración ni la opinión como agentes implicados en la gestión del parque de la vivienda, con el resultado final de una normativa que podría lesionar gravemente la viabilidad económica de la gestión del parque privado de viviendas de alquiler y que traslada a los propietarios privados la responsabilidad política de las administraciones en materia de vivienda social y su coste.
Este decreto ley entra en contradicción con la LAU y modifica sustancialmente el equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes en los contratos de alquiler que determina esta ley.